¿Cómo construimos democracias completas?

Las mujeres en América Latina han progresado con la erosión del dominio político de los hombres. Actualmente ocupan más del 40% de los asientos en Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México, y más del 30% de los curules en Argentina, Ecuador, El Salvador y Perú.

Ellas siempre se han enfrentado a distintas barreras cuando buscan ocupar cargos públicos. Por ejemplo, los partidos políticos nominan a mujeres para candidaturas, pero las asignan a distritos perdedores o a los últimos lugares en las listas de candidatos. Mientras la presencia de las mujeres en cargos de elección popular crece, se sigue observando maltrato puede asumir formas violentas.

Desafortunadamente, muchas mujeres con ambición política experimentan violencia. De México a Bolivia, las instituciones electorales reciben denuncias de mujeres secuestradas, golpeadas, obligadas a firmar sus propias renuncias e incluso asesinadas.

Debido a que más mujeres en la política se traduce a menos hombres en la política, algunos toman medidas desesperadas y extremas para conservar el poder masculino.

Violencia política: del terreno a la academia

Esfuerzos recientes de documentar, denunciar y erradicar estos abusos han llevado a académicos y activistas a conceptualizar el fenómeno de violencia hacia las mujeres en la política. El nombre confiere cómo agresores buscan evitar la participación política de las mujeres por la condición de ser mujer, señalando al machismo o misoginia como el motivo primario de esta resistencia. Estos ataques le mandan señales al resto de las ciudadanas, afirmándoles que la política no es un lugar que les corresponde y reduciendo así su participación.

La reciente atención a la violencia política hacia las mujeres surge de la adopción de leyes de cuota y paridad. En 1991, Argentina sancionó la ley de cupo, requiriendo que partidos políticos nominarán un 30 por ciento de mujeres a las candidaturas. Otros países fueron rápidos en imitar la acción. Las leyes iniciales contaban con un diseño pobre, pero lograron la elección de algunas mujeres. Y ellas formaron redes que presionaron a instituciones electorales a obtener leyes más robustas.

Actualmente son ocho los países latinoamericanos que han adoptado el principio de paridad democrática, elevando sus cuotas al 50%. Los países restantes presentan cuotas con requerimientos del 30 y 40%. Solamente Guatemala y Venezuela no tienen ni cuota ni paridad. Las leyes no son perfectas, pero garantizan la elección de altas proporciones de mujeres.

A consecuencia de resultados exitosos en términos de los números, legisladoras y sus aliados ahora se enfocan en la erradicación de la creencia cultural de que los hombres, y no las mujeres, son los que deberían de ocupar los cargos políticos.

¿Cómo combatir la violencia política en la región?

Tanto el secuestro de una candidata como el uso de lenguaje sexista transmiten el mensaje de que la política es dominio de los hombres, pero solamente el primero es un delito penal. Por esta razón, el uso liberal de violencipodría disminuir el valor del concepto. En países donde la violencia criminal y estatal ya presenta influencia sobre el proceso político, las mujeres políticas podrían ser victimizadas por razones no relacionadas a su sexo.

Considerando la problemática expuesta, los países latinoamericanos deben aplicar estrategias legales y no legales para combatir la violencia política hacia las mujeres. En la mayoría de los países del mundo, las leyes que busquen evitar la violencia de género reconocen que la violencia sucede en lo público y lo privado – y que lo público envuelve a la política. Estas leyes requieren de ejecución y observancia.

Los partidos políticos y las legislaturas deben adoptar códigos de conducta, los cuales permitan a instituciones electorales sancionar a partidos por prácticas sexistas. Las campañas que dirigen la atención hacia las prácticas y abusos sexistas que experimentan las mujeres políticas, desde #noeselcosto por el Instituto Nacional Demócrata hasta el #metoo, realizan un trabajo fundamental al visibilizar abusos.

Las cuotas y leyes de paridad obligan a los hombres que tradicionalmente han dominado la política a ceder sus asientos a mujeres. El siguiente paso es garantizar que las mujeres puedan participar en la política en condiciones de igualdad.

Hay que erradicar la impunidad que gozan muchos que abusan a las mujeres en la política. Sin la participación de ellas, en condiciones de igualdad sustantiva, no hay democracia completa.